FRANQUEZA OBLIGA

Haga memoria, caro lector, y comprobará que hace ya mucho tiempo no oye decir que estemos en el fin del fin de la guerra. Al contrario, con todo lo interesadas y malintencionadas que sean, se levantan voces en su entorno que hablan de un nuevo principio, de un resurgimiento de los grupos violentos en Colombia.

Algo muy grave ha tenido que pasar y conviene averiguarlo. Porque ya no sabemos de las hazañas del Ejército que derrota, aquí o allá, a la guerrilla de las Farc o del Eln. Que cuando se registra alguna acción, invariablemente está ligada a un bombardeo de la Fuerza Aérea o a cierto operativo de la Policía. Esa extraña suerte de abulia para el combate proviene de las fuerzas de infantería, hasta ayer las que llevaban banderas de victoria por todos los rincones de la Nación.

Si afinamos el análisis, no podrá remitirse a duda que tiene el fenómeno conexión causal con los acontecimientos del 29 de octubre del 2008, cuando en rueda de prensa el presidente Uribe y el ministro Santos anunciaron la destitución de 27 militares, desde generales a sargentos, relacionados con la muerte de los jóvenes de Soacha.

Agreguemos que un año después de aquella injusta purga no hay una sola investigación, ni un cargo, administrativo o penal, contra ninguno de los destituidos y que conocido el expediente que contra ellos montó el general Suárez, no hay en sus pesadas páginas una sola referencia a que pudieran tener responsabilidad, por acción o por omisión, en aquellas muertes que nadie probó producidas a mansalva.

Derrotadas las Farc en la batalla, vinieron en su ayuda los guerrilleros de código y escritorio, que apoyados en la debilidad del mando civil han tenido un éxito portentoso. El Ejército no quiere combatir. Los oficiales no salen de sus unidades a buscar enemigos para enfrentarlos, sino repasando en su memoria pesadas instrucciones que les entregan para no incurrir en un exceso, en una desproporción de fuerzas, en una equivocación. Si antes temían no ser eficaces, hoy le huyen a la eficacia como a la peste.

Cuarenta años de cárcel es peor que la muerte, para los hombres que aprendieron a enfrentarla con una sonrisa en los labios y en el corazón con la alegría de sacrificarse en el altar de la Patria. Pero la infamia, el deshonor, la ruina moral no están entre sus cálculos. Ni en los de ningún ejército del mundo.

Estamos librando, desde esa cenicienta mañana de aquel octubre, la más grotesca guerra que jamás se libró. No la que enfrenta al enemigo para destruirlo, sino la que responde a la Fiscalía por cualquier acción triunfante.

El jefe de tropa sabe que terminada una operación exitosa se convierte de jefe de la unidad militar en "primer respondiente" ante una Fiscalía plagada de mamertos. Porque la Justicia Penal Militar salió de la Constitución por un papel que firmaron entre el ex fiscal Iguarán y el ex ministro de Defensa Camilo Ospina.

No podemos olvidar los días en que el presidente Uribe ordenaba a todos los comandantes que salieran de las oficinas para acudir al combate. No quiero un ejército de burócratas. No quiero ver oficiales llevando y trayendo papeles en los pasillos de los edificios. Los quiero guerreando por esta Patria que vamos a salvar, era el mensaje del Presidente. Siete años después, el mismo Presidente les exige que llenen papeles, que no olviden los sellos y las firmas, que se llenen de actas, declaraciones e informes. Y que tengan cuidado si producen bajas enemigas.

Ahora se llaman 'falsos positivos'. Abajo la guerra y que viva el papeleo, es la consigna nueva. Lo que supone, obviamente, ganar en el papeleo y perder la guerra. Por eso desapareció el fin del fin del vocabulario militar. Dicho sea con honrada franqueza.

PETICION A DIOS

Un lamento, recibido por mí hace pocos días en Internet, no me deja en paz porque surge de una de las más oprobiosas injusticias cometidas en Colombia. "Cuántas noches de ausencia, cuantos días de mi vida en que la angustia y la soledad han sido mis eternas compañeras -dice en uno de sus apartes-. Sin entender lo que pasó, mis hijos, dos pequeños, deben cargar con el dolor de un padre ausente".

Estas palabras provienen de Liliana de Romero, esposa del capitán de la Fuerza Aérea César Romero Padilla, condenado junto con sus compañeros Johan Jiménez y Héctor Mario Hernández por un delito que nunca cometieron: nada menos que un supuesto bombardeo al caserío de Santo Domingo, en Arauca; bombardeo desde el helicóptero UH-1H que habría provocado el 13 de diciembre de 1998 la muerte de 18 personas, entre ellas siete niños.

Como ha sido ya denunciado muchas veces, esta inculpación contra los tres oficiales de nuestra Fuerza Aérea responde a un escalofriante montaje elaborado por las Farc. Ahora sabemos cómo ellas lograron los falsos testimonios de algunos habitantes del caserío acreditando la versión de tal bombardeo, testimonios que merecieron total crédito del Procurador de entonces, de Human Rights Watch y de la Embajada americana. Con semejante soporte, los tripulantes del helicóptero terminaron condenados por "homicidio doloso".
Pero la verdad de lo ocurrido se ha confirmado recientemente con el testimonio de dos comandantes guerrilleros ahora reinsertados.

Según lo revelado por ellos, el 'Mono Jojoy' y su hermano 'Grannobles' les habían encargado de guardar el control del caserío a fin de facilitar la llegada de una aeronave que traía a las Farc cajas con armas y una tonelada de cocaína. La inteligencia militar interceptó dicho mensaje y tropas del Ejército fueron despachadas por aire. Tras 12 horas de feroz combate, helicópteros de la Fuerza Aérea fueron despachados de nuevo a Santo Domingo con la ayuda de un avión americano Sky Master, cuya alta tecnología permitió identificar áreas o manchas de monte donde había contingentes de la guerrilla replegándose hacia Tame. En una de ellas, situada a un kilómetro del poblado, el helicóptero pilotado por Rivera dejó caer a las 10 de la mañana un racimo de seis pequeñas bombas cluster. El Sky Master filmó la operación y cuatro minutos después grabó imágenes del caserío sin que se viese allí rastro alguno de destrucción.

El video, "traspapelado" por mucho tiempo en la Embajada americana, no fue tomado en cuenta como prueba concluyente del caso. Tampoco lo han sido las recientes declaraciones de José Morales, comandante guerrillero reinsertado. Al frente de 80 hombres, tenía la orden de hacer estallar en el caserío un camión cargado de explosivos si entraba allí el Ejército. Así ocurrió. Un guerrillero llamado 'Fercho' disparó su ametralladora contra el vehículo. "Me acuerdo como si fuera ahora -dice Morales-: el carro bomba estalló y mató un poco de civiles. Otro guerrillero, un morterista, le clavó un bombazo a una gasolinera. Hubo allí ocho muertos y muchos heridos". Luego, los jefes operativos de las Farc dijeron a los pobladores de aquel caserío bajo su total dominio que debían culpar a la Fuerza Aérea de los muertos. "El que diga lo contrario se muere", fue su feroz advertencia.

Después de esto, ¿qué valor pueden tener los testimonios que condenaron a los tres oficiales? ¿De qué han servido, para probar su inocencia, artículos, marchas y tres libros, entre ellos Con las manos en alto, de Germán Castro? Sería necesaria una veeduría internacional. De lo contrario, a una esposa desesperada como Liliana de Romero sólo le queda confiar en la Justicia Divina. "En tus manos, Dios mío, pongo mi vida y la de nuestros hijos. Finalmente, serás tú quien con tu infinito poder haga brillar la verdad." Es la última frase de su lamento.

¿QUE PASA EN LAS CIUDADES?

Apesar de que el incremento del homicidio en algunas grandes ciudades ha deteriorado la percepción de seguridad de sus habitantes, el balance general de la seguridad ciudadana durante el año que termina es positivo. La inmensa mayoría de los indicadores de seguridad urbana sigue mejorando, aun cuando es explicable la preocupación creciente de la ciudadanía por la seguridad de sus entornos más cercanos.

Lo primero que hay que reconocer cuando se aborda el tema de la seguridad urbana es su complejidad. El asunto no se puede despachar de un plumazo, ni con una cifra, ni con una ciudad. En efecto, tomadas en su conjunto todas las ciudades capitales del país, con respecto al año anterior el homicidio subió 10 por ciento. Pero este hecho ha sido propiciado por Medellín y Cali, las principales ciudades problema, con las más altas tasas de homicidio, donde ocurrió el mayor incremento del número de asesinatos en el año, y que presentan dinámicas mafiosas más o menos similares. Si las excluimos por un momento del análisis, entonces el descenso del homicidio urbano en el país es de menos del 4 por ciento. En dos palabras, son Medellín y Cali las ciudades que están jalonando el aumento coyuntural del homicidio urbano en el país. Sin embargo, sus tasas de homicidio son apenas una fracción de lo que eran hace unos 15 años.

Por supuesto que también son muy preocupantes los incrementos del homicidio en Sincelejo (71 por ciento) y Barranquilla (14 por ciento), pero estas son ciudades con tasas de homicidio relativamente bajas. Pero, de otro lado, son alentadores los descensos en Pereira (menos 23 por ciento), Manizales (menos 23 por ciento), Valledupar (menos 21 por ciento), Ibagué (menos 17 por ciento),Cúcuta (menos 14 por ciento), Bucaramanga (menos 10 por ciento), y Bogotá (menos 2 por ciento), por mencionar algunos. En los casos de los incrementos del homicidio en Medellín y Cali, podemos estar en presencia de una situación paradójica: los problemas son resultado del éxito. En efecto, el Estado ha logrado desmantelar las grandes estructuras del narcotráfico y esto ha generado un violento caos al interior y entre pequeñas bandas que se disputan a punta de asesinatos el reparto de rentas ilícitas producidas por el crimen, incluido el narcotráfico. La mayor parte del aumento del homicidio lo producen esas vendettas.

Con otros dos 'agravantes', también derivados del éxito del Estado: 1) El narcotráfico está cayendo, tanto en volumen como en las rentas que produce la exportación de drogas ilícitas, así que como el botín es cada vez menor, la disputa es aún más violenta y el mercado externo se reemplaza con el mercado interno, lo que localiza aún más la confrontación entre bandas, y, 2) Los organismos de seguridad del Estado tardan cada vez menos tiempo en capturar o dar de baja a los nuevos cabecillas de esas pequeñas bandas, por lo que las luchas intestinas por el poder y el botín se han vuelto crónicas, permanentes. Son coletazos de un pasado que se resiste a desaparecer y, por tanto, en principio, situaciones puramente coyunturales que, con decisión y una buena política, el Estado podrá resolver en el futuro.

Pero aparte de estos problemas coyunturales de aumento del homicidio en algunas ciudades -compensado con la mencionada disminución en otras-, los demás indicadores de seguridad ciudadana han tenido un comportamiento positivo. En efecto, con respecto al año anterior, en todos hubo descensos, o sea, se presentaron menos casos: robo de residencias, menos 13 por ciento; asaltos a comercios, menos 17 por ciento; hurto a personas, menos 11 por ciento; robo de automóviles, menos 4 por ciento; asaltos a entidades financieras, menos 23 por ciento; lesiones comunes, menos 9 por ciento. Estos resultados confirman una vez más las tendencias positivas que se han venido manifestando en los últimos años en seguridad urbana en Colombia.

Frente a estos hechos ciertos, la pregunta obvia es: ¿Por qué en el país hay cada vez más preocupación por la seguridad ciudadana? Por varias razones, algunas también relacionadas con las paradojas del éxito. Porque ante la mejoría de la seguridad en los campos -por la desmovilización de los paramilitares y el debilitamiento de la guerrilla-, la seguridad urbana ha adquirido más notoriedad mediática y política. Porque frente al descenso general de los altos niveles de violencia que padecimos en el país en los años recientes, es natural y bueno que baje nuestro umbral de tolerancia hacia la violencia y que aumente nuestra sensibilidad ante el crimen. Y porque, como resultado de una mayor madurez democrática, ha aumentado nuestra exigencia a las autoridades locales en los temas de seguridad ciudadana.

Así que la inquietud creciente de la opinión por la seguridad ciudadana no puede ser sino positiva, siempre y cuando miremos el problema en su complejidad, reconozcamos que los problemas coyunturales ocurren dentro de procesos de mejoría estructural de largo plazo, y así evitemos caer en la tentación del pesimismo y la autoflagelación que interesadamente propician algunos.